Urnas tras las rejas

Por Gisele Ferreyra

Las elecciones legislativas celebradas el domingo también tuvieron su espacio en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Unos 10.000 detenidos fueron habilitados para votar.

10.000 internos con prisión preventiva de 49 unidades penitenciarias y tres alcaldías, fueron habilitados a votar el domingo pasado en las elecciones legislativas. Según establece el artículo 3° bis del Código Electoral Nacional quedan afuera del acto los presos con condena firme. Como así también la Unidad 34 de Melchor Romero, que aloja internos con patologías psiquiátricas, y la Unidad 22 de Lisandro Olmos, que es un Hospital de Agudos con detenidos en alojamiento transitorio.

Según informó un comunicado del Servicio Penitenciario bonaerense, los presos ejercen su derecho a sufragar mediante el sistema de boleta única y se le adjudican los votos según el último domicilio que figura en el documento.  El sistema implementado es similar a los aplicados en los Consulados para ciudadanos argentinos residentes en el exterior.

Los votos emitidos en cada uno de los establecimientos penitenciarios son remitidos a la Cámara Nacional Electoral, que, luego de realizar el escrutinio, labra un acta y la remite a cada una de las Juntas Electorales Nacionales con asiento en cada distrito del país.

Se aclaró que los detenidos sólo podrán votar cargos nacionales, por una razón logística ya que el padrón se confecciona en base a la dirección que figura en el DNI por lo que, por ejemplo, un detenido de La Plata alojado en el penal de San Nicolás no contaría con boletas de los candidatos platenses.

Un oficial de la unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, señaló que los comicios se desarrollaron de 8 a 18 horas y el lugar de votación fue la escuela que funciona en el establecimiento carcelario. Aclaró que los presidentes de mesa fueron los docentes de la entidad educativa.

Reglamentación

El ex presidente Néstor Kirchner firmó el 28 de septiembre de 2006 el decreto reglamentario que habilita a los presos sin condena firme a ejercer el derecho al voto en todos los actos eleccionarios que se produzcan a partir de 2007 y durante el lapso en que se encuentren detenidos. Contempla además que los internos reciban la información proselitista de los distintos candidatos.

El decreto fue redactado por la Secretaría de Política Criminal, junto con la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, la Procuración Penitenciaria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El texto de la norma fue aprobado por el Ministerio del Interior y por el de Justicia y Derechos Humanos.