Una tragedia anunciada

Por Federico Pujol

Rodrigo Pomares, es abogado y Director del programa de Seguridad y Justicia de la Comisión Provincial por la Memoria, la cual lucha por los derechos humanos y contra la tortura y la brutalidad policíaca. Se encarga de verificar las condiciones en la que viven los detenidos en los penales de la Provincia de Buenos Aires. Además es querellante de la causa por la masacre en el penal de Magdalena ocurrida el 16 de octubre de 2005.

-¿Qué pasó en la Unidad 28 del complejo de Magdalena?

-Fue la madrugada del 16 de octubre de 2005. Era día de visitas por el Día de la Madre. Comenzó un incendio en la zona de las camas y como los colchones eran de goma espuma se prendieron enseguida. 33 personas murieron y los que sobrevivieron fueron rescatados por detenidos del pabellón de al lado. La red de incendios no funcionó y los matafuegos estaban vencidos; lo interesante de esto es que la Comisión Provincial por la Memoria lo había denunciado unos meses antes a raíz de pequeños incendios en la cárcel de mujeres y en Olmos. Fueron tres episodios previos donde murieron dos o tres personas y con eso hicimos un montón de denuncias, entre ellas que en Magdalena no estaba funcionando la red de incendio. Por eso hoy existe la causa de la responsabilidad de los funcionarios. Se podría haber evitado ya que tenían conocimiento, incluso los mismos directores de la unidad habían iniciado un expediente en el Ministerio de Justicia.

-¿Cuánto duró la investigación?

-La investigación fue larguísima. Recién el año pasado se empezó a elevar a juicio.

-¿Es decir que no comenzó el juicio todavía?

-No, todavía no arranco el juicio, pero hay una segunda causa  que está en investigación que es la de las responsabilidades políticas de los funcionarios, el jefe del penal y creo que está denunciado un Ministro. No sé si ha avanzado mucho, se que acá está interviniendo el equipo de litigios porque dos familiares son patrocinados por el Comisión Por la Memoria.

-¿Por qué sobreseyeron a los penitenciaros?

-Hubo un pedido de sobreseimiento pero se logró dar vuelta después en Cámara.

-Entonces ¿van a ser juzgados?

-Está en marcha, en principio hay un tema con la calificación legal. En un principio intervino la justicia correccional, pero la querella planteó que sea la justicia penal quien se ocupe. Se aceptó y se está a la espera de la fecha de juicio.

-¿Cuál fue la justificación para pedir el sobreseimiento?

-El argumento de la defensa fue a partir de los caudales de pruebas construidos a partir de los testimonios de los que sobrevivieron y los de los pabellones continuos que rompieron las paredes para intentar rescatar a los que podían. Las pericias no son contundentes respecto a ese punto en particular. Al juicio tienen que ir todos los testigos a declarar lo mismo que declararon en su momento. Eso es lo más complicado, la mayoría deben estar presos todavía. Se pueden olvidar cosas, pero eso no sería tan difícil porque se puede trabajar para que recuerden. Lo que sí es muy difícil es encontrarlos. Entre los traslados a diferentes cárceles y pensando que pasaron ocho años, tampoco sabemos si algunos están muertos. Es complicado.

-¿La Comisión fue a verificar después si cambio algo en las cárceles?

-Se hicieron presentaciones porque después de un tiempo seguían los problemas. En estos últimos tiempos no he ido a la Unidad 28. Conozco otras unidades del complejo, por lo general la más complicada es la 35. En 2009 cuando fuimos los pozos de incendio estaban buenos, pero los matafuegos estaban vencidos. El problema estructural es que las cárceles están super pobladas y que el Servicio delega la gobernabilidad de la misma a los internos. En algunas unidades le han puesto el ojo a las redes de incendio y aun así, después de lo de Magdalena, en Batán y Junín y encontrás matafuegos vencidos. No hay protocolos de intervención para incendios, que es una de las cosas que pasó en Magdalena. Nadie sabía que tenía que hacer, ni quién lo tenía que hacer.  Son momentos en que si no tenés nada previsto, en 20 minutos tenés todo prendido fuego.

-¿Qué justificación dieron para no abrir las rejas?

-La justificación fue que si los dejaban salir, se les escapaban todos los presos. Pero los hubieran dejado salir, era más fácil y mejor recapturarlos que dejarlos y después sacarlos en una bolsa de plástico.

-¿Cuántos penitenciaros hay por detenido?

-Ahora no sé, pero siempre la relación es bajísima. Serán dos por pabellón. La gobernabilidad delega en los mismos internos el manejo de los conflictos y la regulación de los mismos. El Servicio Penitenciario está afuera vigilando todo, pero fundamentalmente negociando con algunos internos. Se controla el funcionamiento interno con dos o tres internos, por lo general los "limpieza". Ellos controlan quienes entran y salen del pabellón, son mecanismos informales que usan para mantener todo tranquilo, pero bueno cuando pasan cosas así... eso mismo los imposibilita para hacer nada.

-¿Las unidades son más o menos parecidas?

-Son distintas. Las unidades del campo tienen otra forma y se gobierna más de forma cotidiana, se faja todos los días. Las unidades del conurbano, son más del estilo de la gobernación de los internos y están superpobladas. Pero en líneas generales las necesidades de los presos no cambian. En términos edilicios tenés las más modernas y las viejas, pero sigue sucediendo que tienen que comer en el mismo lugar que cagan y con una persona al lado. Conviven con las ratas, a veces no tienen colchones; hasta la masacre de Magdalena muchas unidades seguían usando colchones de goma espuma, después cambiaron a los ignífugos.