Cárceles bonaerenses

Por Federico Artigau

La Comisión Provincial por la Memoria entregó el informe anual que denuncia la práctica sistemática de la tortura, la sobrepoblación y condiciones inhumanas de detención.

Según el informe anual 2012 de la Comisión Provincial por la Memoria la situación carcelaria bonaerense es muy grave. Mas del 90% de los detenidos en los penales son de clases bajas, el fenómeno está asociado a un paradigma punitivo clasista y reproductor de la desigualdad social. La sobrepoblación es uno de los problemas principales. Mientras la estructura penitenciaria tiene capacidad para 18.640, en la actualidad alberga unas 28.000 personas privadas de su libertad. A este problema se suman la violencia institucional y las paupérrimas condiciones edilicias que generan un régimen de vida destinado a provocar el sufrimiento e inhabilitación de la persona y no su rehabilitación.


El Comité contra la Tortura trabaja específicamente en el control de las condiciones de detención y el régimen de vida de las personas privadas de su libertad en todas las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. La provincia, con más de 15.000.000 de habitantes, tiene una población carcelaria 29.404 personas distribuidas en 54 unidades que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense. Para marzo de 2011 se registraban 26.971 personas detenidas en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías. 

La Comisión llevó adelante un exhaustivo informe sobre la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario, conforme estándares internacionales, y determinó que puede recibir a un máximo de 15.600 personas. Por lo tanto, el sistema penitenciario bonaerense aloja prácticamente el doble de personas de las debería. En total, un 192% más de lo que indica su capacidad. El 62 % de  la población carcelaria no tiene condena y está preso de forma preventiva. 

Otro de los problemas que revela el informe son las reiteradas prácticas de torturas. No se trata de casos aislados. Las torturas son generalizadas en todos los lugares de detención y se reproducen en el tiempo agravándose cada vez más y persiguen la neutralización subjetiva de las personas y no la tan enunciada resocialización.

En las comisarías los detenidos son víctimas de la violencia institucional. Las prácticas sistemáticas de torturas, la sobrepoblación, el abandono sanitario, condiciones denigrantes e inhumanas de detención, la falta de tratamientos resocializadores y la corrupción estructural del Servicio Penitenciario son algunos de los núcleos problemáticos del sistema penal en la provincia. No sólo porque atraviesan todos los niveles institucionales, sino porque se han consolidado a partir de la impunidad. Numerosas denuncias nunca investigadas por la justicia dan cuenta de la connivencia entre proveedores y funcionarios de la administración provincial. 

La corrupción es un punto neurálgico entre las autoridades de las unidades y los agentes en su relación con los detenidos. En gran parte de su accionar cotidiano, los agentes penitenciarios cometen delitos que la justicia no persigue. La creatividad penitenciaria para la corrupción es asombrosa e inagotable, también el encubrimiento. 

En el caso de la venta de mercadería pagada por el Estado, se observa la reiterada adulteración de remitos en los que se hace figurar una descarga de productos distinta a la que efectivamente ingresa, productos de segunda marca por los de primera son apenas algunos ejemplos de las prácticas corruptas habituales en el Servicio Penitenciario.

Las condiciones de vida son pésimas. Existe una gran falta de mantenimiento: inundaciones de pabellones, sistemas cloacales colapsados, filtraciones y pérdidas de agua, inexistencia de redes de incendio y de gas natural, carencia de colchones ignífugos y hacinamiento. En cuanto a la iluminación, las ventanas de las celdas son tan pequeñas que no ingresa la suficiente luz natural. Las instalaciones eléctricas y luz artificial la mayoría de las veces son precarias y peligrosas. En la mayoría de las cárceles los inodoros o letrinas se encuentran ubicados dentro de la celda sin separación alguna del resto del habitáculo. 

Por otro lado, no existe en las cárceles bonaerenses un sistema centralizado de red de incendios que abra y cierre celdas automáticamente. Tampoco existen planes de evacuación y señalización. Hay faltantes de mangueras contra incendio y matafuegos con la carga vencida. Se ha detectado en numerosas ocasiones presencia de insectos, ratas y otras alimañas en las unidades penales. No hay suficientes camas por detenido y en muchas ocasiones no cuentan con colchones y deben compartirlos. 

Así, las políticas penitenciarias responden a la misma lógica, permitiendo que el Servicio Penitenciario diseñe y organice sus propios dispositivos institucionales.

A través de sus diversos  informes el Comité  ha dado cuenta del agravamiento de la situación carcelaria y del incremento de las muertes, la tortura y los hechos de violencia intramuros. También de la impunidad que sostiene este sistema: es necesario que los jueces, fiscales y defensores asuman un rol más activo en la lucha contra las violaciones de derechos, dejen de naturalizar la tortura y se despojen de prejuicios hacia la población detenida.